En un firme pronunciamiento durante el evento "Diálogos Nacionales Reformas Constitucionales Para el Poder Judicial", el gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta, destacó la importancia de una reforma judicial que responda a las necesidades y deseos de la ciudadanía. Armenta enfatizó que "el pueblo tiene el derecho de modificar la forma de su gobierno y la reforma judicial es cumplir con el mandato del pueblo".
El gobernador electo subrayó el anhelo de la sociedad por contar con gobernantes justos que actúen en beneficio del país. "Los poderes públicos deben servir a la patria", declaró, reafirmando la necesidad de reorganizar el poder judicial para garantizar una verdadera división de poderes sustentada en la razón ciudadana. Según Armenta, esta reorganización es esencial para limitar el presidencialismo y fortalecer la soberanía nacional, que reside en el pueblo y está plasmada en la Constitución.
"Estamos hablando de la reorganización del poder judicial para que el presidencialismo se acote con una división de poderes sustentada en la razón ciudadana", afirmó. Con estas palabras, Armenta resaltó la importancia de un poder judicial que refleje los valores y principios de la democracia participativa y justa.
Alejandro Armenta también reafirmó su compromiso con la construcción de un gobierno que refleje los ideales de la Cuarta Transformación, encabezada por la presidenta electa de México, doctora Claudia Sheinbaum. En su discurso, dejó claro que su administración trabajará incansablemente para asegurar que la voz del pueblo sea escuchada y respetada, promoviendo una justicia que verdaderamente sirva a los intereses de la ciudadanía.
La visión de Armenta es la de un poder judicial reorganizado que no solo garantice la separación de poderes, sino que también actúe como un pilar fundamental en la protección de los derechos ciudadanos y en la promoción de un gobierno más transparente y responsable. Al finalizar su intervención, el gobernador electo reiteró su compromiso con la transformación profunda del sistema judicial, siempre en concordancia con los principios democráticos y las demandas populares.
