Castración química para violadores: la propuesta de Alejandro Armenta Mier como gobernador de Puebla

Política

El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció que presentará una propuesta para aplicar la castración química a los agresores sexuales, un tratamiento que consiste en la administración de medicamentos que reducen la libido. Esta medida, que ya había propuesto en 2019 durante su tiempo como senador, busca sancionar con firmeza a quienes cometen delitos sexuales contra mujeres y menores de edad.

La iniciativa surge a raíz de un caso denunciado por la abogada Paloma Corte en redes sociales, en el que un hombre, esposo de una jueza en Tehuacán, grabó a una mujer sin su consentimiento en las instalaciones del Poder Judicial del Estado de Puebla. Armenta Mier señaló que la castración química disminuiría el impulso sexual de los delincuentes, limitando su capacidad de cometer delitos similares en el futuro. Explicó que este procedimiento no implica una castración física, sino una inyección con químicos que reducen los niveles de testosterona, lo que provoca una disminución en la actividad sexual.

Esta propuesta será presentada ante el Congreso de Puebla para que sea discutida y, de ser aprobada, aplicada a los delincuentes sexuales. Armenta Mier destacó que su objetivo es tomar medidas locales, aclarando que esta no es una intervención irreversible ni física, sino un tratamiento médico.

La castración química es una práctica utilizada en varios países como Polonia, Estados Unidos, Indonesia, Rusia y Corea del Sur, aunque es un tema controversial debido a dudas sobre su efectividad y críticas de organizaciones de derechos humanos.

En otro tema, Armenta Mier informó que trabajará en la renegociación de la deuda pública de Puebla, que asciende a casi 14 mil millones de pesos. Parte de esta deuda corresponde a proyectos del gobierno anterior, como el Museo Internacional del Barroco y otros desarrollos de infraestructura. Además, anunció la creación de nuevos Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) para garantizar que las obras públicas se realicen sin corrupción y sin sobrecostos.

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