Política
Con 41 votos a favor y ninguno en contra, el Congreso del Estado avaló la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, que permitirá la creación de cuatro nuevas secretarías: Ciencia, Deporte y Juventud, Humanidades, Tecnología e Innovación. Este cambio también facilitará una reestructuración del Poder Ejecutivo en Puebla.
Alejandro Armenta Mier, gobernador del estado, reconoció a los legisladores por su labor al enriquecer la propuesta presentada el pasado 4 de noviembre. “La reforma refleja el humanismo mexicano y el compromiso con Puebla, guías para los 2 mil 192 días de gobierno”, destacó en sus redes sociales.
Uno de los principales cambios es la creación de la Coordinación del Gabinete, que se mantendrá independiente de la Secretaría de Gobernación y otras dependencias, con el objetivo de coordinar y supervisar las acciones del Poder Ejecutivo.
Transformación de secretarías
La reforma también incluye cambios en las denominaciones de varias dependencias:
- La Secretaría de Turismo será ahora la Secretaría de Desarrollo Turístico.
- La Secretaría de Cultura se convertirá en Secretaría de Arte y Cultura.
- La Secretaría de Igualdad Sustantiva pasará a llamarse Secretaría de la Mujer e Igualdad Sustantiva.
- La Secretaría de la Función Pública será la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
- La Secretaría de Desarrollo Rural cambiará a Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Además, se fusionarán las secretarías de Economía y Trabajo, creando la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, mientras que Planeación y Finanzas se unirá con Administración para formar la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración.
Nuevas responsabilidades
- La Secretaría de Gobernación establecerá un Centro de Estudios y de Información Municipal.
- Seguridad Pública enfocará sus esfuerzos en la especialización de su personal.
- Medio Ambiente se encargará de la planeación hídrica estatal durante los próximos seis años.
Con estas reformas, el gobierno busca fortalecer la estructura administrativa para responder mejor a las necesidades de la ciudadanía y garantizar un manejo eficiente de los recursos públicos.