Auditoría detecta irregularidades en organismos electorales de 20 estados, incluido Sinaloa
ASF revela contratos millonarios y posibles actos de corrupción en el INE y Organismos Públicos Locales Electorales
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió irregularidades en contratos adjudicados por el Instituto Nacional Electoral (INE) y Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de 20 estados, entre ellos Sinaloa, desde 2014 hasta 2026. Dos grupos empresariales acumularon contratos por casi 9 mil millones de pesos, con operaciones cuestionadas que incluyen facturación falsa, empresas fantasma y conflictos de interés, según informó el titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, durante la presentación de los informes de auditoría ante la Cámara de Diputados.
- Auditoría detecta irregularidades en organismos electorales de 20 estados, incluido Sinaloa
- ASF revela contratos millonarios y posibles actos de corrupción en el INE y Organismos Públicos Locales Electorales
- Contratos y operaciones sospechosas en organismos electorales
- Distribución de contratos en los estados y principales empresas involucradas
- Investigación y seguimiento a las irregularidades
Contratos y operaciones sospechosas en organismos electorales
La ASF identificó que dos grupos empresariales, con las siglas GC y GHC, recibieron contratos por 8,870 millones de pesos, de los cuales 3,790 millones corresponden a OPLEs. El INE adjudicó cerca de 430 millones a estas empresas, equivalente al 11.3% del total. Las auditorías revelaron vínculos entre funcionarios públicos y estas compañías, operaciones entre sociedades del mismo grupo y un número muy reducido de empleados que no justifica la magnitud de la facturación.
“En los análisis de inteligencia que dan motivo a nuestra investigación, identificamos redes de vínculos entre ambos grupos y funcionarios, así como conexiones entre personas servidoras públicas y distintas empresas (…) Estas investigaciones se desarrollarán con absoluta independencia, objetividad, rigor técnico y pleno respeto al debido proceso”, afirmó Hernández Palacios.
Entre las irregularidades detectadas están contratos con proveedores que usaron facturas falsas y empresas suspendidas en el padrón oficial, además de posibles barreras que limitan la competencia para asegurar la adjudicación de contratos.
Distribución de contratos en los estados y principales empresas involucradas
Los OPLE que firmaron contratos con estas empresas incluyen Veracruz (484.4 millones de pesos), Oaxaca (370.3 millones), Coahuila (306.3 millones), Puebla (286.6 millones), Nuevo León (253.9 millones), entre otros estados. En total, 20 OPLEs han contratado a estas compañías.
El contralor del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, destacó que cinco empresas concentran el 77% del gasto en OPLEs, con un total de 2,461 millones de pesos en 15 años. Entre ellas figuran Cajas Graft, Corporativo Zeg, Comerciadora JVLY, Formas Finas y Materiales, y Seriplast de México.
“Este no es un asunto estricto del INE, es un asunto de todos los órganos electorales”, puntualizó Carvente Contreras.
Además, se detectaron contratos con empresas de reciente creación, algunas con menos de un año en operación, que recibieron más de 21 millones de pesos del presupuesto electoral de 2025, así como pagos a personas fallecidas y contratos otorgados a funcionarios públicos en activo.
Investigación y seguimiento a las irregularidades
La ASF ya inició una investigación de oficio que abarca al INE, OPLEs, proveedores y servidores públicos involucrados. Se busca esclarecer los orígenes de estas prácticas corruptas y fortalecer la transparencia en el uso de recursos públicos electorales.
El reporte completo será divulgado en febrero de 2027. Mientras tanto, la ASF mantiene el compromiso de continuar con auditorías rigurosas para garantizar la legalidad y eficiencia en la administración pública electoral.
Para más información sobre el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación, puede consultarse su sitio oficial en el portal del gobierno de México.
Este hallazgo revela la complejidad de la corrupción en los procesos electorales y la importancia de fortalecer los mecanismos de fiscalización para proteger los recursos públicos asignados a la democracia.
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